sábado, octubre 21, 2006

Detención ilegal de compañer@s adherentes en Cuernavaca , Morelos

El día de hoy, 18 de octubre, alrededor de las 10 de la mañana, mientras caminábamos por la avenida Teopanzolco, dos policías en motocicletas de la SSP numeradas 102 y 116 nos detuvieron con motivo de una "revisión", al preguntar el motivo de esta el oficial que mas tarde nos enteramos era el "comandante" reacciono de una manera violenta empujando a uno de nosotros contra la pared de piedra, mientras lo justificaba diciendo que nosotros elegíamos el modo en que se nos trataba, todo lo que se nos decía era con palabras alti-sonantes y tratando de intimidarnos y que no preguntáramos mas acerca de las razones o específicamente por una orden girada por un juez.

La revisión se dio únicamente de manera física, no la mochila que cargábamos. Durante todo el tiempo intentábamos averiguar cual era el motivo por el que nos estaban manteniendo ahí aun después de haber cumplido con la revisión, la única respuesta obtenida fue "cállate pendejo" y que no teníamos ninguna autoridad para cuestionar nuestra propia detención pues en eso se había convertido, ahora pedían unas unidades de apoyo. Al poco tiempo llegaron tres camionetas de la policía estatal y nos trasladaron de manera violenta a la procuraduría, esto lo supimos hasta llegar ahí. Durante aproximadamente una hora nos tomaron nuestros datos mas de diez veces, después de hacernos esperar en un cuarto.

Mientras a uno de los compañeros lo pasaban a una "revisión medica" al otro lo torturaban psicológicamente diciendo que estábamos extremadamente solos que nadie sabia donde estábamos y que gobernación sabia todo lo que hacíamos, que tenían fotos nuestras, y que la orden de detención y las unidades enviadas eran de gobernación también.

Se nos señalaba durante todo el tiempo como zapatistas o como integrantes del EZLN y que esto es ilegal. Se nos tomaron nuestras huellas dactilares y nos tomaron varias rondas de fotos, con múltiples cámaras y por muchos camarógrafos de los cuales varios no estaban uniformados ni nada parecido pero que se les daba toda la información acerca de nosotros.

Hasta entonces no era claro el motivo de la detención y nadie nos informaba nada, un oficial dijo que "un licenciado nos había señalado" y entre ellos sólo a algunos se les decían los motivos en privado, fuera de nuestro alcance, y a otros se les informaba que era "una falta administrativa".

Cuando nos iban a presentar al juez calificador un policía llego diciendo que nos sacaran de ahí rápido antes de que la prensa nos viera y hasta entonces nos entregaron las identificaciones que nos habían requisado desde el momento de la detención. De nuevo se nos ordenó el ir acostados en la camioneta numero 2189 para que nadie viera nuestra salida diciéndonos que la prensa iba sobre nosotros. Durante el trayecto al sector 1 en el mercado del centro de Cuernavaca el policía que nos estaba vigilando nos daba un discurso sobre lo incorrecto de nuestras acciones "subversivas".

Al llegar al sector se nos confiscaron nuestras pertenecías y no se nos permitió hacer ninguna llamada, pero nos pidieron unos números telefónicos para informar a nuestros familiares, cosa que nunca hicieron pero si nos pidieron que nos quitáramos las camisetas para buscar tatuajes y nos tomaron un video con la cámara de un sujeto que traía nuestras fichas en la mano y que no se identificó. Los compañeros de La Otra se enteraron de nuestra ubicación y se movilizaron para lograr nuestra libertad. A pesar de que estábamos dispuestos a pagar la multa aun cuando no somos culpables de los cargos que se nos imputaban, se le dio largas al proceso dando como pretexto que no se encontraba la persona que tenia las llaves de la celda, luego que el sistema se había "caído" y más tarde que el juez no estaba. Después de casi diez horas se nos permitió salir pagando fianza, pero se nos quiso obligar a firmar un documento que declaraba que si habíamos cometido los delitos, dicho papel que no firmamos. Se nos acusa de perturbar la tranquilidad y el orden publico y de ensuciar la vía publica. Lo cual es ridículo pues Cuernavaca lleva más de un mes con gran problemática al respecto de la basura y nosotros hemos exigido junto con vecinos que se dé una solución a ello.

Ahora se nos tiene fichados como gente de "alta peligrosidad" y como parte de grupos que "quieren chingar", dicho por Julio Aranda de comunicación social del estado.

Ahora vamos a ratificar una denuncia presentada a derechos humanos y continuar con la denuncia de los hechos.

Queremos dejar claro que se hizo mucho énfasis en nuestra participación como zapatistas que ya habían visto las "chingaderas" que estamos haciendo y que nuestra libertad no se habría logrado de no ser por el apoyo y organización de nuestros compañeros de La Otra Campaña.

A pesar del amedrentamiento del estado y nuestra detención ilegal o la de otras personas no se resuelve el problema de la basura ni ningún otro.

Ni un paso atrás.

La Lucha sigue.

Machel Ferreiro adherente individual a La Otra Campaña
Diego Torres miembro de el colectivo adherente "La Tripulación Del Viejo Antonio"

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viernes, octubre 20, 2006

Se informa a Rodolfo Stavenhagen, relator especial de la ONU, sobre hechos ocurridos en Oxcúm, Yucatán

Se informará también al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias

Hechos ocurridos en Oxcum se informan

al Relator sobre pueblos indígenas de la ONU

Equipo Indignación A.C.

El día de hoy, el Equipo de derechos humanos Indignación, Promoción y defensa de los derechos humanos AC., envió al "Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas" de las Naciones Unidas, Dr. Rodolfo Stavenhagen, información sobre los hechos ocurridos en la Comisaría de Oxcum el pasado seis de octubre, cuando elementos de la Secretaría de Protección y Vialidad ( S.P.V) detuvieron a los campesinos mayas Ildefonso Dzul García, Gonzalo García, Abelardo Cobá y Wilbert López Castro, en un operativo violento en el que resultaron lesionadas, además de los detenidos, mujeres y niños, cuyo objetivo fue la desarticulación y represión de los campesinos inconformes con el proceso de venta y despojo de tierras ejidales que el gobierno del estado, encabezado por Patricio Patrón Laviada, ha impulsado en diversas comisarías cercanas a la ciudad de Mérida.

Actualmente don Ildefonso Dzul García, don Gonzalo García y Wilbert López Castro se encuentran presos en el CERESO de la ciudad de Mérida, sujetos a proceso penal ante la Juez segunda de Distrito por delitos relacionados con la Ley de Armas de fuego y explosivos, después de que el Juez Sexto de lo penal del estado de Yucatán determinó su libertad por falta de elementos para procesar, en virtud de la inexistencia de conductas delictivas relacionadas con armas de fuego.

Indignación informó al relator que la jueza omitió considerar que la portación de escopetas no es considerado reprobable por el pueblo maya, puesto que la escopeta es una herramienta de trabajo. La jueza está violando el derecho de los compañeros a ser juzgados de acuerdo a sus propios sistemas normativos, lo que contraviene los artículos 8 y 9 del Convenio 169 de la OIT e ignora el artículo 10 del mismo convenio.

Dentro del contexto de la información enviada al Relator, es preciso recordar, que el 23 de diciembre de 2003, el Dr. Stavenhagen dio a conocer el informe E/CN.4/2004/80/Add.2 derivado de su visita a México, y en el cual, entre otras cosas, señalaba que …Las luchas campesinas por la tierra y sus recursos se agudizan por las ambigüedades en torno a los derechos y títulos agrarios, desacuerdos en cuanto a límites entre ejidos, comunidades y propiedades privadas, conflictos por el uso de recursos colectivos como bosques y aguas, invasiones y ocupaciones ilegales de predios y terrenos comunales por parte de madereros, ganaderos o agricultores privados, acumulación de propiedades en manos de caciques locales etc. La defensa de la tierra, que se lleva primero por la vía institucional, judicial y política, puede conducir a enfrentamientos con otros campesinos, o con propietarios privados, autoridades públicas y las fuerzas del orden (policías, militares). En este contexto, se denuncian persistentes violaciones a los derechos humanos, a las cuales no son ajenos en ocasiones las autoridades locales o estatales y elementos de la fuerza pública, ya sea por omisión o por comisión.

Basándose en esos criterios y en la información que diversos organismos públicos y no gubernamentales de derechos humanos le hicieron llegar, recomendó, en dicho informe, que:

a) La preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos y comunidades indígenas, debe tener prioridad por encima de cualquier otro interés en la solución de los conflictos agrarios;

b) Se recomienda crear grupos de trabajo interdisciplinarios y representativos de pueblos, sociedad civil y gobierno para revisar los casos de conflictos agrarios en todo el país, a fin de proponer mecanismos adecuados de solución a cada uno de ellos, asegurando la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, la existencia de recursos adecuados, medidas compensatorias y el respeto a las formas de resolución de conflictos de los pueblos.

c) Las comunidades indígenas deberán participar en el manejo, administración y control de las áreas naturales protegidas en sus territorios o regiones, tomando en cuenta los ordenamientos ecológicos comunitarios.

Por lo tanto, la información enviada, además de ponerle al tanto de la situación de represión y despojo que viven los campesinos como consecuencia de los diversos megaproyectos que ha puesto en marcha el actual gobierno del estado en beneficio de grupos privados empresariales, insiste en señalar el incumplimiento que el gobierno del estado de Yucatán, y en general el Estado mexicano, han hecho sobre las observaciones y recomendaciones que el representante de Naciones Unidas formuló con motivo de su visita a México sobre el tema de pueblos indios.

Cabe resaltar que esta información enviada al Relator Stavenhagen, pronto será ampliada al Grupo de Trabajo sobre Detenciones arbitrarias de la ONU, informándole sobre la práctica de detenciones arbitrarias que los cuerpos policíacos del estado aplican en perjuicio de la sociedad, y particularmente en contra de quienes se oponen y son críticos a las políticas establecidas desde el gobierno del estado.

El Equipo Indignación sugiere y agradece el reenvío de los comunicados que les hacemos llegar. Con respecto a la improbable publicación en algún medio impreso o electrónico, agradeceremos citar la fuente, lo que incluye indicar la página de la cual fue tomado el comunicado o el correo del cual se recibió.

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